Enviat per: Lluc Presmanes Justo | 7 Març 2010

Democràcia?

El rector y una “Comision de sabios” externa tendran todo el poder de la Universidad.

Educación y la CRUE trabajan ya sobre una propuesta para cambiar las estructuras de gobierno de los campus y eliminar el lastre que suponen la burocracia y las presiones internas sobre la gestión

Rectores maniatados por la obediencia debida al puñado de votos que les sostiene en el cargo, subordinados a las reticencias e intereses de los sindicatos a la hora de fichar a docentes investigadores, presionados por los departamentos y su empeño en implantar una carrera o una asignatura que no demanda nadie, sitiados en su Rectorado por los poderosos reyes de taifas que hacen y deshacen en las escuelas, facultades e institutos universitarios…

Ésa es la ingobernable herencia que ha dejado en los campus españoles una cultura de gestión sustentada sobre principios aparentemente democráticos pero que coloca el servicio público de la educación superior y la investigación a merced de luchas intestinas y de los cuatro estudiantes que votan en las elecciones.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) se ha aliado con el Ministerio de Educación para buscar, dentro de la Estrategia Universidad 2015, un nuevo modelo de gobernanza que entregue mayor poder a los mandatarios a cambio de depositar sobre sus hombros más responsabilidad.

Para ello, han encargado a la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD), que reúne a algunas de las más representativas firmas españolas bajo la presidencia de Ana Patricia Botín, la elaboración de una propuesta, de «clara inspiración empresarial», según se afirma en ella. El documento resultante, al que ha tenido acceso CAMPUS, fue presentado en Madrid el pasado 3 de febrero en un acto al que asistieron el secretario general de Universidades, Màrius Rubiralta, y los comités ejecutivos de la CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales, así como representantes de la FCYD y de los grupos parlamentarios Socialista y Popular.

En él se propone implantar «una estructura de gobierno inspirada en el modelo USA, en el que el rector es designado y removido por una Junta de Gobierno (‘Board’) en la que tienen especial influencia los miembros externos a la Universidad», aunque «actualizada y redimensionada de acuerdo con la realidad esp añola».

Por los detalles que se desgranan a lo largo de este «borrador pendiente de revisión», la idea es otorgar a los consejos sociales la función de designar al rector, diseñar junto a él las líneas estratégicas para el futuro de la institución, velar por su cumplimiento y destituirle si los resultados de su gestión no son los esperados. Es decir, el mandato no tendría límite temporal, sino que dependería de su eficacia.

Pero además de esos nuevos cometidos, los consejos sociales cambiarían en cuanto a su composición. Sus miembros pasarían a ser designados por el Claustro, mayoritariamente entre personalidades del mundo de la empresa, la cultura… O lo que es lo mismo, ajenas a la institución.

Esas son las grandes líneas sobre las que se quiere sustentar el nuevo modelo de gobernanza de los campus, una cuestión que dejó sin resolver la reforma que aprobó el PSOE en 2007 sobre la Ley Orgánica de Universidades ‘popular’ (Lomlou). Poco más de dos años después de reabrir el melón legislativo por enésima vez, la última propuesta ya ha quedado obsoleta, al menos en todo lo que tiene que ver con quién y cómo debe llevar el timón del barco. «El actual marco normativo adolece de diferentes fallos que lo hacen inadecuado al cambio que se pretende», asevera el documento.

Y lo peor es que la propuesta de Educación y la CRUE implicaría una nueva vuelta de tuerca a la ley. La Lomlou vigente es muy taxativa en cuanto a los dos sistemas por los que pueden decantarse los centros para elegir a sus rectores: de forma indirecta a través del Claustro o mediante sufragio universal ponderado (ver gráfico explicativo). Y lo mismo ocurre con la designación de decanos, directores de escuela y departamento, consejos sociales… Salvo excepciones, cualquier novedad en esos aspectos tendría que estar visada por el Congreso y el Senado.

En cualquier caso, éstos son los detalles de la reforma que, sea a corto o largo plazo, pretende liberar a la gestión universitaria de sus ataduras electorales. Los académicos españoles que han trabajado en las más prestigiosas y competitivas universidades extranjeras suelen utilizar esta metáfora para describir el daño que ha hecho la cultura democrática de gestión: Si los jugadores del Real Madrid o el Barcelona elegieran a su entrenador o a su presidente, ¿ganarían alguna vez la Liga de Campeones?

CONSEJOS SOCIALES

El supuesto órgano de control y vinculación de la sociedad con la Universidad era hasta ahora poco menos que decorativo. Tanto si mantiene el nombre como si pasa a llamarse Junta de Gobierno, empezaría a tener verdaderas funciones ejecutivas. Sobre todo porque nombraría al rector, fijaría junto a él las líneas estratégicas y lo podría destituir en cualquier momento.

Además, se le encomendaría la función de captar fondos, «dados sus contactos con el mundo de la empresa y con diferentes estamentos sociales».

Dice la propuesta: «Estará formada en su mayoría por miembros externos a la Universidad, si bien los mismos serán designados principalmente por órganos colegiados de la institución académica y en base a criterios de reconocida capacidad y mérito, evitándose en lo posible un exceso de presencia de origen político que (…) podría ser interpretada en clave de mero control o intervención». Se preverían mecanismos de vigilancia y asunción de responsabilidades en caso de «connivencia» con el rector.

RECTOR

Se convierte en una especie de consejero delegado. El texto redactado por la FCYD baraja la posibilidad de que fuera un gestor profesional incluso externo a la universidad, aunque lo descarta al considerar que «se le podría reprochar, por un lado el absoluto desconocimiento de la realidad universitaria (…) y, sobre todo, su falta de legitimación».

Algo que agravarían sus «elevadas retribuciones». Por ello, se opta por que sigan siendo rectorables sólo los catedráticos, aunque exigiéndoles «una aptitud mínima» de gestión «que podría ser acreditada, bien mediante la posesión de determinados títulos de posgrado de especialización en gestión universitaria (…), bien por haber desempeñado anteriormente cargos de gestión».

DECANOS, DIRECTORES…

Para desarrollar libremente, sin presiones ni bloqueos, las líneas estratégicas fijadas, el rector amplía sus parcelas de poder a costa de algunos de los actuales ‘reyes de taifas’: directores de escuela y departamento, decanos… Por ejemplo, el máximo mandatario de cada universidad podrá «designar directamente a los máximos responsables de los centros».

Ello le permitiría controlar aspectos clave como la implantación de los diferentes planes de estudios y evitar que sus líneas políticas sean, según se recoge, «fácilmente torpedeados por un decano o director que, plegándose a los intereses grupales de áreas y departamentos, decida ralentizar o incluso abortar semejante proceso de reforma».

Artícle

Via: EL MUNDO (de: Juanjo Becerra)

En podem quedar de braços creuats?


Responses

  1. Sieg Heil Mein Führer!

  2. molt, però molt, bèstia

    “pretende liberar a la gestión universitaria de sus ataduras electorales”

    Una cosa és la mercantilització de les carreres però això és reformular l’estructura de gestió per assimilar-la a la d’una empresa. Evidentment que la democràcia suposa més dificultats en la gestió, però la solució no és tornar al franquisme, colla d’inútils!


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